EL ACUERDO CON EL FMI Y UNA NUEVA VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
Por Alejandro Olmos Gaona
¡El tratado es secreto, la sesión es secreta, sólo la vergüenza es pública!" diría, al divulgarse el texto del Tratado de la Triple Alianza por una indiscreción interesada de Inglaterra, el diario porteño La América, de Miguel Navarro Viola y Carlos Guido Spano.
Aunque pasaron 160 años de esa sesión sabemos que el secretismo es una política de estado que se ha llevado a cabo en la Argentina durante décadas. A pesar de los años, decisiones fundamentales que tienen que ver con la economía del país se sustraen al conocimiento público, afectando el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno. Nuevamente y haciendo uso discrecional de los derechos de necesidad y urgencia, y violando las normas constitucionales se pretende realizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin explicitar en qué consisten los términos de este, para que el Congreso lo apruebe sin saber los términos ni las condiciones establecidas.
Los incisos 4 y 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional son en claros en cuanto a la competencia del poder legislativo para negociar empréstitos y arreglar la deuda, aunque hace décadas se delegaron de facto esas facultades en el gobierno de turno, que siempre hizo lo que quiso respecto al endeudamiento externo. Cuando se sancionó la ley 24.156 de administración financiera, se fijaron las pautas para la emisión de las obligaciones con el exterior, con excepción de las operaciones de crédito público que pudiere formalizar el Poder Ejecutivo, con organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional.
A la Argentina nunca le fue bien en los acuerdos que realizara con ese organismo que, en 1992, a los efectos de apoyar la política financiera del gobierno, exigió la venta de las empresas públicas, la modificación de la legislación laboral y la privatización del sistema jubilatorio, entre otras condiciones, y en los años siguientes monitoreó la política económica, hasta la cancelación de la deuda en el año 2005. Durante la presidencia de Macri, se volvió a recurrir al FMI, solicitando un préstamo irresponsable, imposible de pagar en tres años, lo que era de perfecto conocimiento del organismo, que, a pesar de las advertencias de sus técnicos, decidió acordar con el gobierno. El destino de esos fondos, parte de los cuales se fugaron al exterior, como lo denunciara oportunamente el actual presidente Milei, no solucionó ninguno de los problemas para lo cual habían sido requeridos.
La enorme deuda generadora de intereses y condicionamiento varios se renegoció en el año 2022, después de largas tratativas donde decidiéndose cancelarla en 10 años. Simultáneamente el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.612, que en su artículo 2° estableció "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Tal disposición terminaba con el manejo discrecional que se había hecho hasta entonces donde no había limitación alguna para endeudar a la Nación por parte del Poder Ejecutivo. Como la sostenibilidad de la política económica depende de conseguir de manera desesperada, más de 15.000 millones de dólares, resultaba necesario contar con la autorización legislativa, y eso lo informó Milei al inaugurar la sesiones del Congreso el 1 de marzo, pero como siempre ocurre con un gobierno al que le repugna el estado de derecho, se decidió dictar el DNU 179, para el acuerdo con el FMI, sin explicitar en el mismo los términos negociados con la institución.
Es decir que los habituales memorándum de entendimiento técnico y de políticas económicas que se firman, permanecerán secretos y los legisladores deberán aprobar a libro cerrado lo que se decida firmar.
Los fundamentos del decreto son antológicos en cuanto a las falaces afirmaciones que contiene, y tanta orfandad de fundamentos por momentos, pretenden disimularla, con la cita de algunos diputados opositores, cuando se autorizó el acuerdo con el FMI en el año 2022.
La mayor parte de los economistas, - participantes del "Club de la Deuda" como los llamaba ese notable magistrado que fue Salvador María Lozada-, justifican de todas las formas posibles la necesidad de un acuerdo con el FMI, recurriendo a las falacias conocidas, y al hecho de que no va a haber nuevo endeudamiento, porque el dinero va a ser utilizado para cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central, y eso será fundamental para seguir bajando la inflación. Para ellos es lo mismo deuda externa que deuda intra-estado, que además va a estar sujeta a los habituales condicionamientos y exigencias que hace el FMI en este tipo de operaciones. A los cultivadores de la ciencia económica, tampoco les interesa en lo más mínimo el respeto a las normas legales para la realización de este tipo de operaciones, y lo han demostrado en todos los análisis y consideraciones hechas durante décadas sobre el endeudamiento externo.
Para ellos la deuda tiene un status especial, donde el ordenamiento jurídico no rige, por eso no cuestionan el DNU que va a dictar Milei, ni la violación de la ley 27.612, ni el reírse de las normas constitucionales, abusando de un instrumento que solo se justificaría en casos de una grave emergencia, o una situación excepcional, que en este momento no existe, ya que para el gobierno la única excusa que utilizan es la demora del Congreso en aprobar normas que se someten a su tratamiento.
Sería muy largo explicar, este nuevo ejemplo de autoritarismo, de violación de la ley, de reirse de los ciudadanos, de enmascarar situaciones evidentes, y de utilizar nuevamente al Poder Legislativo como rehen de decisiones que van a comprometer el patrimonio público.
ENTIENDASE BIEN, SE PRETENDE QUE SE APRUEBE UN ACUERDO CUYOS TERMINOS NO VA A CONOCER NINGÚN LEGISLADOR, PORQUE ES SECRETO.
Este es el sentido republicano de la publicidad de los actos de gobierno y una evidencia más de la pretensión de destruir al Estado.