Trabajadores de peaje en alerta por la posible pérdida de 500 puestos laborales
Vence la prórroga de concesión de la empresa encargada de la explotación de la ruta que conecta ambas ciudades y no hay garantía de que vaya a haber otra firma que se haga cargo, dejando en vilo y desamparados a miles de familias. El peligro de la privatización y el abandono del Estado, los males que acechan.
El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) se encuentra en estado de alerta y movilización, ante un escenario que se plantea complejo y que genera una gran incertidumbre en los trabajadores del sector por la posible pérdida de 500 puestos de trabajo desde el 8 de abril.
Es que, en esa fecha, vence la prórroga de concesión de la empresa encargada de la explotación de la ruta que conecta ambas ciudades y no hay garantía de que vaya a haber otra firma que se haga cargo, dejando en vilo y desamparados a miles de familias. El peligro de la privatización y el abandono del Estado, los males que acechan.
En ese sentido, en diálogo con Conclusión, Cristian Pallé, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), expresó que «estamos en una situación crítica, el tiempo apremia. El 8 de abril se termina la prórroga de concesión de la empresa que explota tres rutas del Mercosur».
«La empresa se llama Caminos Ríos del Uruguay Sociedad Anónima, tiene la concesión de la ruta 174, puente Rosario-Victoria, ruta 12 Entre Ríos y ruta 14 Entre Ríos-Corrientes, en la cual nos encontramos trabajando 500 compañeros de la actividad de peaje», agregó.
«Al 8 de abril, los compañeros dejarían de prestar su servicio por una decisión del Estado nacional y de Vialidad nacional. Esta última empezó una planificación de privatización de rutas nacionales, lo cual recién está en proceso administrativo», lamentó.
«Ese proceso administrativo, hasta que se puedan licitar los distintos pliegos o contratos, puede llevar entre ocho meses y un año. De parte del Estado, a partir del 8 de abril, la empresa Crusa no seguiría como concesionaria para explotar esta ruta», informó.
«Los compañeros se irían a la casa por ocho meses hasta esperar que venga una empresa constructora nueva y decida si se hace cargo o no de los compañeros», remarcó, haciendo hincapié en la desazón de los trabajadores.
«Hay dos problemas acá: Cruza está en convocatoria de acreedores hace más de un año y medio, por lo cual al día de hoy no está garantizando, en el caso que se tenga que ir el 8 de abril, el pago de las indemnizaciones de los compañeros», profundizó sobre otra problemática que se abriría.
«La ruta 174 Rosario-Victoria tiene 59 kilómetros, con trece puentes. Esos puentes tienen que estar atendidos diariamente por mención, por junta. Es una zona complicada, estamos hablando del delta del Paraná, una zona de islas, de humedales, eso genera mucha niebla en épocas de humedad», especificó.
Pallé subrayó también la desprotección que tendrían los usuarios: «Con la crecida del río vienen los animales, que se cruzan sobre la traza, y todo ese servicio de garantía de vida a los usuarios lo dan los trabajadores. Una vez finalizada esta prórroga, hasta que venga otra empresa y pueda explotar las mismas rutas, el Estado nacional no va a tener una garantía de cuidado».
«El Estado es responsable, y Vialidad en primera medida, de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo, es muy importante cuidar la vida de los usuarios. Estamos hablando de un pueblo económico de cuatro países, son tres rutas del Mercosur en la cual pasan granos, ganado, todo tipo de oleaginosas, pescadores, camiones de palo. Todo eso va a circular por la ruta pero sin garantía», apuntó, refiriendo sobre quien recae la responsabilidad.
«Todos los actores se tienen que involucrar en esta pelea que estamos llevando adelante. Estamos a poco de la toma de decisión», concluyó.