Ajuste en la investigación de temas ambientales
Por Mirtha Susana Rodriguez
Según informaron desde Casa Rosada, "sólo se mantendrán activos los que estén al servicio del crecimiento económico del país".
Así comienza la nota, lo que no sabemos es como termina esta historia de "recortes " o sí, al menos los que tratamos de reflexionar viendo el desarrollo de las políticas implementadas desde que asumió este gobierno, que además no son políticas de Estado donde se priorice el bien común de la sociedad, más bien lo que se está buscando en cada acto de gobierno tanto del ejecutivo como del legislativo es beneficiar a ciertos sectores, que por cierto están encantados.
El decreto en uno de sus párrafos dice: "Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país".
¿Qué es para el gobierno la generación de conocimiento? ¿Desfinanciar Universidades? ¿Amordazar las investigaciones del Conicet? ¿Donde en ambos casos contamos con excelentes profesionales con verificado desarrollo académico? Por citar los embates más resistidos por la población mayoritariamente.
¿Cuál es el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico? cuando recientemente decide privatizar una empresa como IMPSA única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y para el diseño y fabricación de componentes nucleares y voy con más datos: entre sus proveedores aparecen YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, el Ejército de Estados Unidos, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.
Esta empresa creada en 1907 pertenece en un 63% al Estado Nacional, en un 21% a la provincia de Mendoza y el 15% restante, al sector privado.
La privatización de IMPSA significa la entrega de un patrimonio estratégico nacional, con la gravedad de que su potencial comprador sería la empresa estadounidense Arc Energy, vinculada al presidente electo Donald Trump. Es decir, se trasnacionaliza una industria clave en materia de capacidades de innovación y desarrollo para reindustrializar el país.
"Además, es un retroceso para el sector energético porque implica la pérdida de capacidades para el sector nuclear, ya que posee certificación para la construcción de componentes como generadores de vapor para centrales nucleares de potencia", señala Nicolás Malinovsky, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes.
La verdadera cuestión es que esta gestión con el cuentito bobo de vamos a ahorrar plata del Estado, motosierra para el Estado, está haciendo trizas el sistema productivo e industrial y entregando años de conocimientos nacionales y recursos a manos extranjeras, a sus socios, con la invarolable ayuda de los sicarios de turno.
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Ajuste en la investigación de temas ambientales
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El Gobierno recortará los programas científicos
Según informaron desde Casa Rosada, sólo se mantendrán activos los que estén "al servicio del crecimiento económico del país".
El Gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, ordenó recortar investigaciones y programas científicos. Este nuevo ajuste tendrá un impacto directo en el ámbito científico y universitario. Con un claro intento de limitar convenios con organizaciones sociales, el Ejecutivo eliminará programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que "deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país".
La resolución
En la resolución publicada, el Gobierno señala: "Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país".
De esta forma, se evaluará la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad, aceptándose la continuidad automática sólo de los proyectos que estén desarrollados en más de un 30%. El objetivo de la medida es recortar 1867 millones de pesos que hoy se destinan a la investigación en 70 programas sociales que, desde el oficialismo, afirman que "no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo".
Las repercusiones
La resolución fue criticada por organizaciones como la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), los Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlatci), que consideran que la decisión "plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional". En esa línea, señalan que la medida "refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales".
Fuente:
https://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/2025/01/ajuste-en-la-investigacion-de-temas.html